Meses después de que la Unión Europea aprobase el Reglamento General de Protección de Datos, las autoridades españolas han creado su propia versión.

Regulación de la protección de datos en la UE. Imagen: Pixabay.
Regulación de la protección de datos en la UE. Imagen: Pixabay.

Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se aprobó el pasado miércoles pone en entredicho la verdadera seguridad de los datos en internet.

¿El motivo? El Proyecto de Ley de Protección de Datos “a la española” permite que los partidos políticos tengan acceso a información que publicamos en redes sociales y que la empleen en sus campañas.

Además, uno de los polémicos aspectos que no se han modificado con respecto a la ley actual es que l@s adolescentes podrán seguir dando su consentimiento a la hora de compartir información en internet a partir de los 14 años.

Objetivo del nuevo Proyecto de Ley Orgánica.

Más concretamente, el Artículo 9 del Proyecto de Ley Orgánica referente a la protección de datos especifica que se podrá hacer uso de los datos de “categorías especiales” disponibles ya en internet sin que haya un consentimiento previo.

Entre estos datos podemos destacar los referentes al origen étnico, a la opinión política o religiosa, a la orientación sexual o a los datos relativos al estado de salud que las personas hayan hecho públicos expresamente. No obstante, la ley no menciona nada acerca del resto de la información personal.

Esto abre la puerta, por ejemplo, a que los partidos políticos puedan hacer uso de esta información, a la que cualquiera puede acceder a través de redes sociales, para personalizar sus campañas electorales. Esto es exactamente lo que ocurrió con el caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos.

Pese a lo que dice el nuevo texto, la Agencia Española de Protección de Datos ha recordado que crear perfiles a partir de la información disponible en las redes sociales de los ciudadanos es ilegal

¿Y los medios de comunicación?

Cabe decir que, con esta ley, los medios tendrán el eber de aplicar una rectificación de la información que atente contra el honor de las personas, lo cual aplica tanto a los datos publicados por los propios medios como los de l@s usuari@s.

En concreto, esto haría referencia a la información que atente contra el honor y la intimidad de las personas, así como el derecho a comunicar o recibir información que sea veraz, dos cosas que pueden llegar a chocar.

En otras palabras, por un lado, los medios tienen que poner a disposición de l@s ciudadan@s métodos para reclamar si un@ considera que sus derechos a la intimidad o al honor se han visto vulnerados.

Además, los mismos medios tendrían el deber de controlar los comentarios que reciben de l@s usuari@s para asegurarse de que esto no ocurre.

¿Dónde se separa el derecho a informar y la libertad de prensa y el derecho a la intimidad?

Por otro lado, la tarea de los medios quedaría dificultada, puesto que algunas personas podrían opinar que el deber de informar se vería obstaculizado cuando las personas denuncien si consideran que la publicación de determinados datos vulnera su privacidad.

Hay que señalar que hablamos aquí de aquell@s investigad@s por delitos serios y, por tanto, de información de la que los medios de comunicación tienen el deber social de informar.

Por último, los medios deberán anunciar en sus publicaciones que “la noticia original no refleja la situación actual del individuo”, tal y como afirma en este artículo de El País. Surge, pues, la posibilidad de que ciertos individuos comiencen a querellarse contra aquell@s columnistas que den su opinión sobre temas determinados.

¿Se ha llegado muy lejos con lo que es información de interés pública y lo que no?

Algunos medios de comunicación españoles se han hecho eco de un caso que bien podría poner en entredicho la fina línea entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

Se trata del caso de un señor que denunció el hecho de que su expareja, de quien recibió una denuncia por malos tratos. Por consiguiente, se le puso una orden de alejamiento. Lo que denunciaba él, no obstante, fue que la mujer había compartido la resolución judicial con su nombre y su domicilio en WhatsApp y Facebook.

Las autoridades desestimaron su demanda ya que consideraron que, al ser un caso de malos tratos, la información debía ser pública.

Ejemplos de leyes de otros países

Aquí se plantea la cuestión sobre si es necesario un registro público de maltratadores, tal y como lo existe de pederastas en otros países. El hecho de estar en uno de estos registros implica, en el caso del registro de pederastas, que esas personas no pueden estar en contacto con menores de edad.

Esto aplica también a reuniones por asuntos de trabajo. Además, tal y como ocurre en Reino Unido, el hecho de saltarse esas indicaciones puede conllevar una pena de prisión.

No obstante, se plantea una cuestión: si bien se entiende que las autoridades españolas han de actuar cuando se incumpla la orden de alejamiento, ¿acaso esas personas no tienen derecho a la privacidad? ¿Es necesario que otras personas ajenas al caso, a las familias o a la investigación, tengan acceso a esos datos?

La idea principal de esta nueva ley es adaptar el ordenamiento jurídico español al europeo y, por primera vez en la historia de España, se mencionan aspectos como el testamento digital o la desconexión virtual laboral de las personas.

Sin embargo, y a pesar de que las autoridades sugieren que se busca proteger la privacidad de las personas en internet, las cuestiones planteadas sugieren que podría ocurrir todo lo contrario. España podría convertirse, pues, en el limbo legal de la red a este lado del charco.

Categories: Opinión Política

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