A seis semanas de que el Reino Unido y la Unión Europea tengan que llegar a un pacto sobre el brexit, ninguna de las dos partes parece dar el brazo a torcer y las probabilidades de que Bruselas opte por un “no acuerdo” son cada vez más altas.

Caricatura de Theresa May: “acuerdo” (brexit débil) o “no acuerdo” (brexit duro). Fuente de imagen: The Economist.

La política británica avanza sin un rumbo fijo

El gobierno de la conservadora Theresa May ha visto cómo, este 2018, se le han ido cerrando las puertas de Bruselas que, tras el plan que trataba de imponer el ejecutivo de Londres, rechazó llegar a un acuerdo en esas condiciones.

Además, May ha visto cómo dos de los representantes más célebres del bloque partidario del brexit dimitían. Uno, Nigel Farage, antiguo dirigente del UKIP, quien, irónicamente, admitió a la prensa que dos de sus descendientes tenían pasaporte alemán. El segundo, Boris Johnson, exministro de exteriores y uno de los mayores opositores a que Reino Unido pertenezca a la Unión Europea.

También renunció a su cargo el anterior secretario de Estado para el brexit, David Davis, y consejeros del comité, que fue creado especialmente para establecer las condiciones en las que Londres abandonaría la UE. Frente a esto, y dadas las divisiones cada vez más notables dentro del bloque conservador, Theresa May ha decidido negociar ella misma con los gobiernos de la Unión.

Por su parte, políticos de los grupos pro-Europa, como Sadiq Khan, alcalde de Londres, han exigido que se celebre un segundo referéndum, algo a lo que el Comité para el brexit se ha negado.

¿Y qué pasará con el Ulster y Escocia?

Irlanda del norte y Escocia quedaron nuevamente divididas, desde un punto de vista político, tras el referéndum del brexit y los fantasmas del pasado volvieron a aparecer.

Ulster (Irlanda del Norte)

El Ulster, que había visto unos años de aparente tranquilidad y estabilidad política, quedó entre l@s unionistas, representad@s por el Partido Unionista Democrático, partidari@s de seguir perteneciendo al Reino Unido y soci@s del gobierno de Theresa May, y l@s nacionalistas. Est@s últim@s están representados en parte por el Sinn Féin, que son favorables a unirse a la República de Irlanda y contrarios al brexit y a las políticas de Londres.

Frente a la falta de acuerdos entre Reino Unido y el resto del continente, el gobierno de May estudiaba en junio de este mismo año la opción de crear para esta región un “estatus dual” al puro estilo suizo o luxemburgués. Esto, por un lado, permitiría a Irlanda del Norte seguir conectada, económicamente hablando, con la República de Irlanda, con quien mantiene fuertes lazos, pero obligaría a las empresas de varios sectores a mantener una doble línea de producción: una que cumpliese las exigencias de la UE y otra que acatara las normas de Londres.

Esta medida, bautizada como el “Max Fac 2” se presentó en una cumbre que tuvo lugar a principios de junio de la que, hoy por hoy, se desconocen las conclusiones. Lo que sí se sabe, es que, según declaraciones del jefe del HMRC (departamento gubernamental encargado de gestionar los impuestos y las ayudas a las familias y empresas), esta medida costaría a las empresas entre 17 000 y 20 000 millones de libras esterlinas al año, aunque hay economistas que afirman que esto es una exageración.

No obstante, l@s unionistas ponen trabas a cualquier medida que haga que el Ulster se rija por otro régimen legal que no sea el de Londres y Arlene Foster, la líder del Partido Demócrata Unionista, amenazó con retirar su apoyo a Theresa May en junio de este mismo año sobre este asunto.

Por otra parte, McGuinness, el líder del partido Sinn Féin y viceministro de Irlanda del Norte, ya se puso en contacto en 2016 con David Davis, ex-secretario de Estado para el brexit para mostrarle su preocupación sobre la situación legal en la que quedaría la región.

Escocia

Hace cuatro años, Escocia, que se ha beneficiado enormemente de las ayudas de la UE, votó, en un referéndum, a favor de la permanencia en el Reino Unido por un 55 %, frente al 45 % que obtuvieron l@s independentistas. Lo que estaba en juego no era únicamente la permanencia de Escocia en Reino Unido, sino la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Cameron estaba al cargo, pero los movimientos antieuropeístas, con el UKIP al frente, ya se empezaban a oír. Cameron, por su parte, anunciaría el referéndum (vinculante) del brexit poco después y, con los resultados, l@s escoces@s se sintieron engañados.

La primera ministra de Edimburgo, Nicola Sturgeon, anunció que habría un segundo referéndum en la región para decidir si independizarse con el fin de quedarse en la Unión Europea. No obstante, aunque el porcentaje de personas partidarias del independentismo ha subido recientemente hasta el 47 %, la población entiende que el gobierno tiene que centrarse por el momento en otras cuestiones. Entre los problemas presentes podemos destacar el reparto de poderes que los gobiernos escocés y galés exigen a Londres tras el brexit. Son 111, y, mientras que Londres propone que 25 de éstos queden “congelados” de manera temporal, Edimburgo y Cardiff exigen que el traspaso sea completo y de inmediato.

Los efectos de un “no acuerdo” respecto al Brexit perjudicarán gravemente a la economía británica, especialmente en determinados ámbitos como el vinícola. Fuente de imagen: Decanter Magazine.

¿Qué dice la UE?

La falta de acuerdo entre los partidos políticos de Reino Unido preocupa, y bastante, a Bruselas. Y no es para menos porque, sin acuerdos internos, es poco probable que Theresa May logre convencer a los gobiernos comunitarios de que su plan es viable. Mientras, Donald Tusk avisó a Theresa May de que, si quiere llegar a un acuerdo con respecto al brexit para octubre, debería presentar sus propuestas cuanto antes.

¿Y Londres?

Ante la falta de acuerdo, Theresa May sugirió a Bruselas en 2017 que permitiese al Reino Unido obtener una prórroga de dos años a partir de la fecha en la que estaba previsto que se implantase el Brexit. Esto es hasta 2020. En ese plazo, el país seguiría acatando las reglas de la UE y teniendo acceso al Mercado Único.

Economía-inmigración

Con respecto a otro tema polémico, el Comité de Inmigración propone, en un informe que dictaría el texto de la nueva ley de inmigración, eliminar el límite de permisos para trabajador@s cualificad@s no comunitari@s, al tiempo que aboga por adoptar un modelo similar al canadiense: un sistema sin tratados de libre circulación con ningún país en concreto. ¿El objetivo? Limitar la entrada de trabajador@s no cualificad@s, especialmente provenientes de la Unión Europea.

No obstante, tal y como recoge el diario Financial Times, l@s trabajador@s europe@s en el Reino Unido hicieron una contribución fiscal neta (la diferencia entre lo que pagaron de impuestos y las ayudas recibidas) de 20 000 millones de libras esterlinas entre 2004 y 2014. Además, la Unión Europea invirtió en el Reino Unido 5 000 millones de libras esterlinas entre 2001 y 2011.

Vuelta a los pasaportes azules

Otra de las medidas que se plantean tras el brexit es la vuelta a los antiguos pasaportes azules. L@s conservador@s quieren que el Reino Unido recupere lo que es suyo, sin intervención de la UE. Con esto se refieren a las leyes que consideran una imposición de Europa (como las referentes a la libre circulación de ciudadanos y mercancías dentro de la unión) y del dinero que, de permanecer en la UE, tendrían que pagar cada año.

Estiman que, si no tuvieran que contribuir a la UE (el Reino Unido es uno de los países miembros que más contribuye para el desarrollo de los países miembros más necesitados por ser uno de los que más tiene), se podrían ahorrar muchos millones, que podrían destinar, por ejemplo, al NHS (National Health Care System, o el Sistema Nacional público de Salud, en español).

Además, defienden el hecho de volver a utilizar los pasaportes azules que tenían los británicos antes de que su país entrase en la UE. No obstante, lo que no parecen tener en cuenta es que la empresa que elaboraría dichos pasaportes sería, en realidad, francesa o alemana.

El NHS, el gran afectado por las políticas migratorias

Los problemas en el NHS son dos, aunque estén muy relacionados.

Por un lado, el sistema público de salud necesita muchos más fondos de los que recibe, con lo que los centros han optado por concienciar a l@s ciudadan@s de la importancia de acudir a sus citas médicas, especialmente si requieren de asistencia adicional, como intérpretes, y algunos han empezado incluso a cobrar a aquell@s pacientes que no asistan.

Por otro lado, la falta de fondos y las leyes migratorias han puesto entre las cuerdas a los departamentos de recursos humanos de los hospitales que, pese a una creciente necesidad de contratar a personal de enfermería y medicina, tienen que tratar de lograr traer gente de otros países, mientras que las políticas migratorias del gobierno de May son cada vez más estrictas. Tanto que los recortes han llegado incluso a áreas que antes no se tocaban, como las alas de maternidad.

Así pues, en la actualidad se exige a la futura madre que presente una prueba de identidad con fotografía (como un pasaporte), así como un documento que acredite la residencia en el país para que la atiendan de manera gratuita. De lo contrario, la gestante tendrá que asumir el 50 % de los costes de cada consulta, así como del parto y del cuidado postparto.

Categories: Economía Política

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