La nieta del dictador Franco acaba de obtener el ducado que lleva su apellido y que exigió al anterior gobierno hace unos meses.

Carmen Martínez-Bordíu Franco, Duquesa de Franco desde la concesión del título nobiliario por parte del PP en mayo. Fuente de imagen: D. PEDRIZA. Publicada anteriormente en www.elcomercio.es.

La socialité y empresaria española Carmen Martínez-Bordiú Franco, quien gestiona gran parte de las empresas a manos de la familia Franco, exigió a finales de diciembre al gobierno del Partido Popular que le otorgara el título de Duquesa de Franco. Un título que su madre, única hija del dictador, heredó y ostentó.

El 31 de mayo, el mismo día de la moción de censura, el entonces ministro de justicia, Rafael Catalá Polo, firmó la concesión, y su partido, el (PP) Partido Popular, defendió su actuación con el argumento de que “no conlleva ningún privilegio”.

Cabe señalar, además, que la nueva duquesa obtuvo su título sin pagar las tasas correspondientes, como sí tienen que hacer aquellos que acceden a los títulos nobiliarios, pues la ley establece que la primera concesión de este título en concreto está exenta de tasas.

Dicho título se lo entregó por primera vez el Rey emérito, Juan Carlos I, a quien, por cierto, designó el propio Franco como representante del Estado para aparentar una apertura del país, a Carmen Franco Polo, la hija del dictador, al morir su padre en noviembre de 1975. 

La raíz de la polémica

La polémica surge por el hecho de que una parte de los partidos políticos y de la sociedad, especialmente los sectores de izquierda, están tratando de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica (en vigor desde 2007). Esta ley establece que se tendrían que eliminar los símbolos vinculados con el fascismo y las víctimas de la dictadura deberían poder ser enterradas dignamente.

Por otro lado, los sectores más conservadores, representados por partidos como el PP, Ciudadanos o Vox, afirman que eso es remover viejas heridas o que el país tiene que seguir adelante, entre otras cosas similares.

Además, recientemente, el presidente del PSOE (Partido Socialista Obrero español), Pedro Sánchez, anunció algo insólito en España: la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Ésta fue una nueva medida que divide nuevamente al país. Un país en el que un sector (reducido pero con conexiones y peso en las instituciones) aún añora el tipo de sociedad que existía durante los tiempos de Franco (1939-1975).

Antecedentes de una historia convulsa

Homenaje a las más de 4.000 víctimas del franquismo de Granada. Fuente de imagen: Granada Digital.

El país ha visto cómo los frecuentes cambios de gobierno, en un sistema bipartidista y polarizado, han hecho peligrar los avances que comenzaron a ver la luz, aunque de manera tímida, durante el gobierno de Zapatero. Un tiempo en el que el gobierno ofreció una serie de ayudas económicas para que las familias de las víctimas de la dictadura pudieran llevar a cabo exhumaciones de las fosas comunes y enterrarlas de manera digna.

Con el siguiente gobierno, no obstante, estas ayudas desaparecieron. Y es más: representantes del gobierno del Partido Popular hicieron declaraciones como que las familias sólo habían decidido recuperar los cuerpos a partir del momento en que se ofreció dinero para llevarlo a cabo.

El único juez que en aquel momento se había atrevido a investigar en España los casos de los desaparecidos durante la dictadura, Baltasar Garzón, fue apartado de la carrera judicial en 2012 por un supuesto delito de prevaricación al investigar a los implicados en el caso Gürtel, uno de los casos más sonados de corrupción en España.

En consecuencia, las víctimas no tuvieron más opción que viajar hasta Argentina para ver sus casos resueltos. La justicia del país andino permitió que las familias de 105 víctimas fueran exhumadas, a pesar de que la justicia española aplicaba la Ley de Amnistía (ley de 1977) o establecía que los delitos habían expirado.

Contradicciones e inestabilidad

Imagen que representa la bipolarización del país. Fuente de imagen: Diario de un médico de guardia.

El PSOE fue uno de los primeros partidos políticos de izquierdas creado en España, y sus partidarios pagaron las consecuencias, tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura.

No obstante, desde la llegada de la democracia, los representantes de dicho partido han mostrado una postura algo borrosa en lo que concierne a temas concretos. Así pues, mientras que se consideran contrarios a las ideas de sus principales oponentes, el PP y Ciudadanos, no es la primera vez que votan a favor, o miran a otro lado, de medidas presentadas por estos grupos “por el bien de España”.

Éste es un argumento que se emplea cada vez que hay que votar a favor o en contra de un tema peliagudo, como podría ser el terrorismo o la cesión de mayor autonomía administrativa y económica a unas regiones determinadas.

Así pues, mientras que una de las principales medidas que Pedro Sánchez anunció tras su llegada al poder recientemente, su partido ha optado por mirar a otro lado con la concesión del título de Duquesa de Franco a la nieta del dictador.

Por el contrario, otros partidos, como Izquierda Unida, sí que mostró una postura más clara, y es que a ojos de este partido, y de parte de la sociedad, el otorgamiento de este ducado contradice la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero en 2007, a la vez que abre la puerta al establecimiento de un limbo legal, jurídico y estatutario.

En definitiva, esta situación ofrece una polémica adicional a un panorama sociopolítico en España ya fragmentado y enrarecido por los sucesos recientes.

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