El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta una condena de 12 años y un mes de prisión por delitos de supuesta corrupción; se lo acusa de haber favorecido a la constructora OAS en contratos con Petrobrás

Lula da Silva, expresidente de Brasil. Fuente de imagen: Google imágenes.

Hay quienes piensan que Lula Da Silva es un político corrupto. Hay quienes están de acuerdo con esto, pero argumentan que su reciente condena responde a que es el único candidato opositor fuerte para las próximas elecciones (encabeza las encuestas de preferencia electoral en Brasil), lo cual no le conviene a la derecha, actualmente en poder. También están quienes piensan que el expresidente es completamente inocente de los delitos de corrupción de los que se le acusa (o al menos hasta que se demuestre lo contrario).

Independientemente de la postura personal de cada quien, la sentencia del magistrado Sérgio Moro, ratificada por los jueces Joao Pedro Gebrán Neto, Leandro Paulsen y Víctor Luiz Dos Santos Laus del Tribunal Regional Federal de la 4a Región de Porto Alegre, deja, cuando menos, lugar a ciertos interrogantes que se desglosan a continuación. Cabe destacar que ninguno de los tres jueces que ratificaron la sentencia del juez Moro tiene lazos aparentes con el gobierno de turno. Tampoco los tiene Sérgio Moro, pero un sector de la izquierda considera que persigue a los políticos del Partido de los Trabajadores (del que Lula y la expresidenta Dilma Rousseff forman parte), mientras que ha ignorado las acusaciones en contra de los políticos del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), el principal grupo de la derecha.

Si analizamos la situación de manera objetiva, es imposible negar que el proceso judicial en cuestión, de poco más de un año, presentó algunas irregularidades. Si bien la condena se percibía como muy probable a partir de insinuaciones del propio juez Moro en diversas entrevistas, faltaba ver cuáles serían los argumentos para justificarla. La acusación es que Lula habría ganado 1,1 millones de dólares por favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobrás, y que dicha suma se le pagaría al expresidente en la forma de un departamento en Guarujá.

Sin embargo, a pesar de que los jueces involucrados afirmaron, en el momento de la ratificación de la condena, que existen pruebas contundentes de corrupción, la defensa (y muchos expertos en derecho de diversas ideologías políticas) consideran que no existe lo que en la jerga del derecho se conoce como “materialidad del crimen”; no existe documentación probatoria en la que Lula figure como dueño del inmueble en cuestión, ni pruebas sobre su intercesión en los contratos entre Petrobrás y la constructora OAS.

De hecho, la única prueba es el testimonio del empresario de OAS, Leo Pinheiro, que se produjo tras un trato para reducir su condena (el empresario se encuentra preso en Curitiba desde hace un año y medio). Pinheiro reconoció que el departamento relacionado con el proceso es, según los documentos disponibles, propiedad de la constructora OAS, pero que “siempre estuvo reservado para Lula”. Si bien las declaraciones de testigos son evidencia de peso en muchos juicios, el juez Moro se negó a investigar a los otros 72 testigos que aportó la defensa. En palabras de la doctora Proner, abogada y experta en derecho internacional, “una confesión por delación premiada jamás podría usarse como única prueba; eso lo saben todos mis alumnos”.

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El libro publicado sobre el caso Lula

Libro: Carol Proner,‎ Gisele Cittadino,‎ Gisele Ricobom & João Ricardo Dornelles. Comentários uma sentença anunciada: o processo Lula (Comentarios de una sentencia anunciada: El caso Lula). Projeto Editorial PRAXIS. 2018. Fuente de imagen: Amazon.br.

El hecho de que existieron arbitrariedades y falta de pruebas durante el juicio no es simplemente una opinión de los simpatizantes del exmandatario. Más de cien abogados brasileños de diversas ideologías publicaron un libro, titulado “Comentario para una sentencia anunciada”, en el que analizan al detalle la resolución de más de 600 páginas del juez Moro, buscando “defender el justo derecho y la legitimidad del sistema judicial brasileño” (Doctora Carol Proner, profesora de Derecho en la Universidad Pontífica Católica de Río de Janeiro, para diario Público).

Los juristas autores de este libro también cuestionan la diferencia de trato de Sérgio Moro a la hora de investigar a Lula, en comparación con las investigaciones de otros políticos: “La celeridad del proceso, el uso de pruebas indebidas, y la rapidez y dura condena contrastan, por ejemplo, con casos como el del líder del PSDB Aécio Neves, contra el que sí se tienen pruebas materiales y hasta ahora ha salido ileso de todas las investigaciones”, dice Proner.

De la misma manera, la BBC señala: “Hasta el actual presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado de corrupción y obstrucción de la justicia por la fiscalía de su país, pese a lo cual el Congreso evitó que pudiera ser juzgado y separado del cargo”.

The New York Times, por su parte, informa que “quienes apoyan a Lula señalan que políticos acusados de infracciones mucho más notorias —entre ellos, el hoy presidente Michel Temer, de quien hay grabaciones encubiertas de que avaló el pago de un soborno— no han sido imputados ni han rendido cuentas por ello”.

Qué se denuncia en las movilizaciones

La mayor parte de cualquier sociedad moderna está de acuerdo con que la corrupción es un delito que debe castigarse, y que se debe juzgar por igual a todos aquellos culpables de ella. Sin embargo, admite también la importancia de un juicio justo a partir del cual se produzca una sentencia basada en pruebas infalibles de la culpabilidad del acusado. Al menos, así lo entienden los miles de brasileños que salieron a movilizarse en defensa de Lula en Sao Pablo y Rio de Janeiro.

Las personas que salieron a movilizarse en Brasil denuncian que la sentencia para Lula no es más que una movida política de la derecha (no sería el primer país en el que esto sucede) y del gobierno de Temer para impedir que Lula gane las elecciones de este año, para las cuales encabeza las encuestas de preferencia debido a lo que la BBC califica como un mandato durante el cual la economía brasileña creció a un ritmo asombroso.

En palabras del Ernesto Londoño para The New York Times, según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, “está claro que este no es un juicio basado en las leyes, sino que se trata de un juicio político que busca condenar a Lula a como dé lugar, incluso si es inocente. (…) Estas decisiones tienen motivaciones claramente políticas para sacarlo de la arena política”.

Próximos pasos y las declaraciones de Lula

Lula da Silva y Dilma Roussef. Fuente de imagen: Google imágenes.

La defensa de Lula aún no agotó todos los recursos; aún pueden acudir al Tribunal Superior y al Tribunal Supremo para que investiguen si los procedimientos legales se respetaron debidamente o si los derechos constitucionales del exmandatario fueron violados; a fin de cuentas, es esto lo que genera la mayor incertidumbre a nivel nacional e internacional. Antes de entregarse para acatar la orden del juez Moro, Lula declaró: “No estoy por encima de la Justicia (…). Creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas (…) (Me entrego) porque sé que la historia va a probar que quien cometió un crimen fue el comisario que me acusó, el fiscal que fue injusto conmigo y el juez que me condenó”.  

Conclusión

Más allá de la culpabilidad o inocencia del expresidente de Brasil, quien deberá enfrentar las consecuencias de sus actos como cualquier otro ciudadano, es de prima importancia que se pruebe la transparencia del proceso judicial que derivó en su condena, así como el respeto de los derechos constitucionales de Lula; de esta manera se podrá garantizar que la democracia en Brasil no se encuentra en jaque, algo que ya sucede en otros países de América Latina y del mundo.

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