España se encuentra en el punto de mira de la opinión pública internacional y de los grandes organismos supranacionales por la corrupción y por su giro antidemocrático

Viñeta humorística sobre la corrupción en España. Fuente de imagen: Google imágenes.

Hablar de actualidad en España significa, desde hace algunos años, hablar de corrupción, de religión, de Derechos Humanos (o falta de), de recortes de derechos esenciales, o más bien de recortes en general, de procesos de secesión fallidos que se tornan en presos políticos, en libertad de expresión, o falta de, y de cunetas, aquellas en las que aún se podrían encontrar, si se excavara, a cientas de personas aún sin identificar.

Religión e Iglesia

Se habla de religión, y no precisamente porque se haya anunciado que la Iglesia ha empezado a pagar el IBI correspondiente a sus propiedades en el Estado español (un impuesto que todos los demás ciudadanos con propiedades a su nombre han de pagar sin opción de escaparse, por muchos amigos que tengan en las instituciones), sino porque, a pesar de que España es un país aconfesional, o al menos eso es lo que viene recogido en la Constitución, el Ministerio de Interior sigue obligando a poner la bandera nacional a media asta por la Semana santa. Se habla de religión porque, a pesar de que cada vez menos personas marcan la “x” en la casilla a favor de la Iglesia en la declaración de la renta, la institución recauda cada vez más dinero del Estado. Lo hace tanto por medio del IRPF (en torno a 250 millones anuales) como por medio de impuestos por bienes inmuebles no pagados, ayudas a ONGs de la iglesia (Cáritas) y otras instituciones, o las partidas destinadas directamente a la Conferencia Episcopal. La suma de todo esto aumenta el montante hasta los 11.000 millones de euros aproximadamente. Se habla de religión porque aún hoy en día se tienen que aguantar declaraciones intolerables de algunos miembros de dicho organismo con respecto a la mujer o a las personas homosexuales. Se habla de religión porque, a pesar de que supuestamente existe una libertad de expresión, aún hay quien se ofende si alguien declara por escrito que se caga en Dios y en la Virgen María o porque, en pleno siglo XXI se ha vuelto a enseñar la materia de religión en las aulas de los centros públicos, a niños de entre 6 y 18 años, cuenta para nota para el acceso a la universidad y se enseña, entre otras cosas, a rezar a los más pequeños y, a los mayores, que el mundo lo creó Dios, tal como estipulan los contenidos creados por la Conferencia Episcopal.

Derechos Humanos

Se habla de Derechos Humanos, y no porque España sea país puntero en este asunto, sino más bien todo lo contrario. Mientras que unos van a la cárcel por criticar la corrupción, la monarquía o hacer chistes sobre Carrero Blanco, otros se van de rositas si tienen amigos en las altas esferas o si logran reunir cantidades ingentes de dinero para pagar las fianzas que sus amigos les han propuesto para librarse de pasar una sola noche entre rejas. Además, España se ha negado de manera reiterada a extraditar a 17 de los ex-ministros franquistas condenados por la Justicia argentina, la única en todo el mundo que se ha atrevido a enfrentarse al batallón español, por los crímenes cometidos durante el franquismo.

Falta de inversión

Se habla también de recortes de índole económica, ya que mientras que ámbitos como la educación (pública) y la sanidad (en vías de privatización) están viviendo un momento dramático. Se han realizado recortes en las becas, el I+D+i, en el presupuesto para contratar al personal necesario en las escuelas y otros centros públicos y se ha dejado de financiar la investigación de las denominadas “enfermedades raras”. No obstante, se siguen pagando las pensiones vitalicias de los políticos, algunos de los cuales no han trabajado nunca fuera de la política. Se siguen pagando las dietas por desplazamiento, pese a que algunos políticos tienen más de una propiedad en Madrid, se han pagado sobresueldos en B y se emplea dinero público para rescatar a bancos y carreteras en quiebra.

El referéndum y la aplicación del 155

Viñeta de J.R. Mora sobre el referéndum de Cataluña.

También se habla, y no solo dentro de España, sino que también se critica y mucho por parte de organismos y medios internacionales, de la actuación del gobierno del Partido Popular en lo referente al referéndum catalán. No solo se le critica la represión policial que tuvo lugar el día que se celebró el referéndum, algo que se consideró totalmente fuera de lugar y desmesurada, sino que también se criticó aplicación del 155, medida con la que pretendían lograr, entre otras cosas, la anulación de la soberanía regional. De igual modo se criticaba el hecho de que este artículo en concreto de la constitución recuerda no es propio de una democracia, sino que recuerda más bien a la época franquista, ya que deja la puerta abierta a hacer todo lo que sea necesario para evitar la secesión, y es que su contenido no tiene desperdicio:

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. – Artículo 155 de la Constitución española.

Corrupción y leyes contrarias a los valores europeos

Comparaciones. Democracia/dictadura. Fuente de imagen: Humor en su tinta.

A esto le tenemos que sumar los últimos casos de corrupción y de fraude, como el famoso TFM de Cifuentes que nadie encuentra y que ha resultado estar amañado, o los de amiguismo e influencia política, como la utilización por parte del gobierno de los padres de los menores desaparecidos y asesinados con el fin de evitar la abolición de la prisión permanente revisable, o lo que es lo mismo, la versión moderna de la cadena perpetua, inconstitucional según la propia Unión Europea.

De esta ley cabe destacar que la aprobó el Partido Popular en 2015 como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana y que se puede aplicar en determinados casos, considerados graves. Entre ellos podemos destacar el de asesinato a menores o personas que no se pueden valer por sí mismas, asesinatos múltiples, o casos más complejos en el que se ha producido un delito de genocidio o un delito de lesa humanidad. Es, en estas circunstancias recogidas por el Código Penal (artículos 140, 485 y 607) en que la persona que los cometa pasaría entre 25 y 35 años entre rejas, tras los cuales un tribunal deberá estudiar nuevamente el caso y decidir si se le pone en libertad o no en función de las circunstancias.

 

Con todos los casos mencionados, cabe cuestionarse si las autoridades europeas, entre ellas el Parlamento o el TSJ europeo, deberían ser más rotundas frente a tales acontecimientos. Es bien sabido, por ejemplo, que a Turquía se le exigió cumplir con una serie de requisitos para que se le tuviera en cuenta para convertirse en Estado miembro, entre ellos cumplir con unos valores europeos y democráticos. No obstante, España no es el único Estado autoritarista en el seno de la unión (véase Polonia y Hungría), pero la UE se ha limitado a dar avisos, mientras que la prensa internacional, por su parte, se esfuerza, pese a las grandes influencias ejercidas por los gobiernos, por sacar a la luz cada uno de los casos de corrupción.

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